INAH refrenda su vocación patrimonial en el centenario del proyecto de la ley carrancista en la materia



*** En el Castillo de Chapultepec, legisladores y especialistas del INAH coincidieron que este acto de memoria significa festejar la pertinencia del Estado de derecho sobre nuestro patrimonio



*** Como organismo desconcentrado de la Secretaría de Cultura, “el INAH debe recuperar la tradición y prestigio en el estudio, la defensa jurídica y la protección técnica del patrimonio histórico y antropológico”: Diego Prieto





Frente a nuevas realidades que requieren la redacción de una Ley de Cultura en México, así como afianzar las ya existentes en la materia, autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y legisladores se reunieron para conmemorar el Centenario del Proyecto de Ley sobre Conservación de Monumentos, Edificios, Templos y Objetos Históricos y Artísticos, que fuera impulsado por el presidente Venustiano Carranza.



En el emblemático Museo Nacional de Historia “Castillo de Chapultepec”, integrantes de las comisiones de Cultura de las cámaras de Diputados y de Senadores, y especialistas del INAH, encabezados por el antropólogo Diego Prieto, encargado de la Dirección General de la institución, coincidieron que este acto de memoria significa festejar la pertinencia del Estado de derecho sobre este tema: nuestro patrimonio.



Hace un siglo, expresó el también secretario técnico del INAH, cuando el Constituyente debatía este proyecto de ley, debieron enfrentarse dos visiones, una que consideraba que la modernidad debe dejar ruinas tras de sí, y otra, cuya apuesta es que por encima de perspectivas religiosas, políticas, ideológicas o históricas, hay que conservarlas. Un debate que subyace hasta el día de hoy.



Una de las obligaciones del INAH —dijo— es posibilitar la coexistencia del avance de la sociedad en términos urbanísticos y de desarrollo económico, con la conservación de testimonios culturales que nos hablan de nuestra profundidad histórica. Con 187 zonas arqueológicas abiertas a la visita pública y una red de 121 museos, así como sus centros estatales, el INAH mantiene una fuerte presencia mediadora en todas las entidades federativas del país, anotó.



En la nueva etapa del INAH como organismo desconcentrado de la Secretaría de Cultura, “debemos recuperar la tradición y el prestigio otorgado a lo largo de casi 78 años de existencia en que se ha forjado como una de las instituciones públicas más sólidas de América en el estudio, la defensa jurídica, la protección técnica, la salvaguarda social y la gestión pública del patrimonio histórico y antropológico, misma que sigue siendo referente ineludible en el concierto internacional”.



El antropólogo Diego Prieto comentó sobre la necesidad de una ley reglamentaria que pueda traducirse en mecanismos jurídicos asequibles, los derechos ciudadanos y las obligaciones del Estado en el ámbito de la cultura, establecidos en el artículo 4 constitucional que a la letra dice:



“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural”.



No obstante, señaló el secretario técnico del INAH, no hay que olvidar que, en alguna medida heredera del proyecto de la “Ley Carranza” en la materia, la Ley Federal sobre Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, promulgada en 1972, la cual ha tenido diversas reformas en las últimas cuatro décadas y cuya aplicación depende del INAH y del Instituto Nacional de Bellas Artes, “debe ser fortalecida en sus alcances”.



Con ello “dará cuenta de mejor manera de los desafíos que plantean al patrimonio mexicano los procesos de desarrollo urbano e industrial, los reclamos en la organización del territorio y los grandes proyectos de inversión pública y privada que el país tiene frente a sí”. El fortalecimiento de la Ley del 72 debe ir compaginada con un andamiaje jurídico que incluye la pendiente Ley de Archivos, legislaciones sobre desarrollo urbano, energía, minería y comunicaciones, entre otros.



“El debate sobre las políticas culturales del Estado que se ha abierto con la formación de la Secretaría de Cultura pasará por la necesidad de afirmar y darle una nueva dimensión a la tradición pluricultural de nuestro país, reconocida en el artículo segundo de la Constitución. Esto convoca a historiadores y antropólogos de México que en este siglo XXI están llamados a ponderar estas múltiples identidades particulares”, concluyó.



Al respecto, Luis Humberto Fernández, secretario de la Comisión de Cultura del Senado de la República, se pronunció por la redacción de una Ley de Cultura general que contemple el compromiso de estados y municipios en el cuidado del patrimonio: “Tiene que ser una legislación general porque al final está no sólo regulando un derecho constitucional, sino que también debe dar la posibilidad y competencia para que sea exigible a todos los niveles”.



El historiador del INAH, Bolfy Cottom, especialista en derechos culturales, señaló que resulta significativo conmemorar los cien años del proyecto carrancista, porque, independientemente del procedimiento formal de su aprobación, reflejaba el interés del Estado mexicano con relación a la protección de estos bienes, hecho que marcaría el devenir del INAH, a la vez que “estableció el marco jurídico vigente, el cual se ha ido perfeccionando y enfrentando a nuevos retos de índole político y administrativo, de nuevas figuras legales, de desarrollo y de especialidad del conocimiento.



“El proyecto de la ley carrancista buscaba establecer bases jurídicas para la consideración de la función social de la propiedad privada en relación con estos bienes culturales: monumentos, edificios, templos y objetos históricos y artísticos, considerados factores de gran trascendencia para apreciar el estado de civilización del pueblo mexicano, bienes culturales que hoy vuelven a ser tema de gran trascendencia”, concluyó